La batalla por la libertad en Internet continúa, el Consejo Europeo ha rechazado de momento los artículos 11 y 13, que suponen un serio peligro para la libertad de expresión en Internet, incluso para la industria del software o los videojuegos.
Como ya os hemos contado anteriormente, este mes de enero se presentaba una importante votación para aceptar o rechazar la polémica propuesta del Parlamento Europeo sobre Internet que de momento (y por suerte) se ha rechazado gracias a los votos de Finlandia, Eslovenia, Países Bajos, Bélgica, Alemania (que fueron los primeros opositores) también han votado en contra Portugal y Croacia frente al apoyo de Italia, Polonia, Luxemburgo y Suecia, que también se habían comprometido, aunque su voto no parecía seguro.
La oposición de estos países ha hecho que la presidencia (en estos momento en manos de Rumanía), no considerara viable la aprobación de estas leyes, por lo que tras la votación negativa, se cancela el trílogo del Parlamento, Comisión y Consejo previsto y que habría supuesto el visto bueno para la aprobación de estos artículos. Pero no nos llevemos a error, por desgracia esto no supone el freno final a las polémicas leyes de dudoso talante democrático según muchos especialistas y parte de la opinión pública, todavía podrán ser reformadas y volver con algunos cambios menores para intentar superar próximas votaciones, algo que sucederá con casi total probabilidad. Desgraciadamente parece ser que las razones que han tumbado finalmente estos artículos no están relacionadas con la protección de la libertad de expresión y los derechos fundamentales de los europeos, si no que las razones por las que se han votado en contra son diversas dependiendo el país, pero relacionadas con otra clase de asuntos más económicos, así por ejemplo, Alemania quería excluir de pagos de tasas relacionadas con el artículo 11, es decir una "tasa Google", a las pequeñas y medianas empresas., mientras que Francia se oponía a esa modificación. España por su parte ya tiene aprobada su propia tasa Google, equivalente al artículo 11, no podemos decir que seamos un País institucionalmente hablando muy propenso a anteponer la libertad en Internet a otros intereses más personales de ciertos sectores empresariales. Una larga batalla para acabar con la libertad en Internet Tras el primer y sonado intento fallido en julio del año pasado que impidió proclamar entonces la nueva ley de copyright para la Unión Europea, el pasado mes de noviembre el Parlamento Europeo dio de nuevo luz verde a los polémicos artículos 11 y 13. Aunque muchos países han “vendido” esta ley como positiva y destinada a proteger los derechos de autor legítimos o seguir impulsando un espacio europeo único para estos derechos en el mundo digital, lo cierto es que muchos expertos, medios de comunicación o defensores de las libertades y derechos civiles han denunciado en múltiples ocasiones que esconde aspectos abusivos y perversos intereses. 
Se ha denunciado que dan excesivo poder a gobiernos y agencias privadas para censurar información y todo tipo de contenidos en Internet sin necesidad de una intervención judicial además de un elevadísimo coste para las entidades públicas y empresas que quieran desarrollar su actividad en Internet.
La ley fuerza a la necesidad de identificar en la totalidad de sus archivos cualquier vulneración potencial del copyright, imponiendo el uso de sistemas automatizados que confirmen la autoría, algo que es fácil de decir con palabras pero que puede suponer un coste increíble, además de un reto tecnológico de dimensiones bíblicas, para empeorar el panorama, si no se puede identificar un copyright se obliga a asumir que es un contenido sin licencia y debe bloquearse. Según muchos especialistas, puede suponer un duro golpe a la ya maltrecha libertad de expresión, como ya ha ocurrido en Estados Unidos donde ya se ha comprobado cómo la DMCA, la ley equivalente de copyright digital americana, ha sido empleada por empresas privadas, incluido sectores como el de los videojuegos, para obligar la censura en Internet. Con la llegada de las nuevas medidas en Europa se facilitaría también aquí medidas similares e incluso peores, que amordazarían claramente la libertad de expresión en Internet. En el plano económico las denuncias no cesan: se vislumbran claros intereses económicos para aprovecharse del trabajo de terceros imponiendo injustos cánones digitales al estilo de la "tasa Google”, como es el caso del contenido del artículo 11 que ya han adoptado de manera similar países como España, forzando a las webs y por tanto también a los usuarios de Internet a tener que pagar por enlazar contenidos (algo totalmente absurdo, ya que para empezar es el destino de ese enlace el más beneficiado con diferencia de tal acción –aunque por supuesto no cobraría directamente por tal reenvío, reproduciéndose una vez más los habituales abusos mil veces denunciados de las gestoras de derechos de autor-). Las nuevas leyes permiten en la práctica que se puedan bloquear trabajos totalmente protegidos hasta ahora por el derecho a la cita, incluido el contenido humorístico y satírico que casualmente tanto molesta a la clase política, aunque arrastraría en definitiva al uso de todo tipo de imágenes como fotografías o ilustraciones, citas de libros o cualquier otro tipo de texto, música, software, incluidos los videojuegos. Podían llegar a ocurrir situaciones tan absurdas tal y como estaba redactada la ley que los mods de los videojuegos pasaran directamente a ser ilegales, ya que estos son alteraciones de un programa informático, el simple hecho de alterar y redistribuir una parte del código informático del videojuego sobre el que se ejecuta dicho mod sería un delito. 
La locura puede llegar a tener tintes surrealistas, supongamos que en la realización del personaje de un videojuego para una textura se emplea una fotografía y no puede comprobarse si esa fotografía tiene o no derechos de reutilización, (ojo! no estamos diciendo que nadie reclame la autoría de esa fotografía) pues directamente esta pasaría a ser ilegal de acuerdo con el texto de la ley.
Podríamos aplicarlo a muchas utilidades prácticas y sin ánimo de lucro como pueda ser hacer una traducción de un juego o programa, quedaría igualmente en la ilegalidad aunque no perjudicara absolutamente a nadie. En la práctica se buscaría entorpecer al máximo la posibilidad de utilizar recursos audiovisuales incluso si estos fueran de libre redistribución y se autoriza su uso (a no ser que estuvieran perfectamente identificados todos sus derechos) ya que la ley dice quesería una alteración del software y por tanto ilegal. Por supuesto la imposición de todas estas restricciones tendría un claro ganador: las grandes compañías de contenidos que tendrían la posibilidad de monopolizar y vender sus productos ante la dificultad de poder encontrar nada fuera de sus “puertas” y el previsible retorno a un mercado sin posible elección y de “pago”. Si bien es llevar el texto al límite, es en realidad su intención según muchos críticos ya que ofrecería un arma de incalculable valor a empresas o gobiernos para dañar a terceros aprovechando la literalidad de ley y una redacción mal escrita que podría ser propensa a abusos e injusticias como ya se ha visto en infinidad de ocasiones. Leyes de destrucción masiva Veamos una trampa sencilla de hacer para dañar una empresa de videojuegos: El artículo 13 según la última redacción, obliga a las empresas de videojuegos o a las plataformas que dispongan de chats a monitorizar todo lo que se dice (espiar, seamos claros, un atentado claro contra la privacidad de los usuarios) Así que todas las conversaciones que tengan lugar en sus títulos o plataformas deben ser controladas para garantizar que no se produzcan vulneraciones de copyright. Esto naturalmente es tecnológicamente imposible, además de acabar con la principal herramienta de comunicación en juegos cooperativos o los juegos masivos en línea. Si queremos dañar a la empresa de un juego on-line (porque digamos… somos la competencia) bastaría con registrar a unos cuantos usuarios y ponerlos a leer cualquier libro o reproducir cualquier canción dentro de las conversaciones. Luego solo abría que registrarlo y llevarlo ante la autoridad oportuna para ver si con un poco de suerte se podría cerrar la plataforma de la competencia. 
Davis-Monthan AFB
Hiela la sangre imaginar solo el negocio oscuro que podría generarse detrás de todas estas leyes para destruir empresas o ciudadanos críticos con lo que fuera que molestase a alguien. En esencia se dotaría de armas a determinados grupos para poder acabar con cualquier voz crítica frente a una fechoría. Veamos el siguiente ejemplo jocoso: Imaginemos todas las mentiras que pueda haber dicho un político en campaña, podría literalmente prometer delante de una cámara, durante un mitin electoral un Ferrari para cada ciudadano si es elegido, que como reprodujéramos un solo segundo de esa arenga en nuestro blog estaríamos cometiendo un delito que nos llevaría a ser nosotros a quien nos cerraran la boca. ¿O creen ustedes que el donante de tanto Ferrari no se acogería a tales leyes sin pensárselo dos veces? Por desgracia en España ya estamos muy acostumbrados a ver diariamente denuncias desde diversos ámbitos en los que se proclama como se ha utilizado los entresijos de la ley para acabar con la libertad de expresión, sin necesidad de usar estos textos infinitamente más restrictivos. La aprobación de estas leyes de una u otra manera es solo cuestión de tiempo, sencillamente se está buscando la manera de que resulten cómodos a todos los estados miembros y minimizar el impacto mediático o la oposición que poco a poco se está eliminando con el dilatado proceso y un marcado desinterés de muchos grandes medios de comunicación tradicionales por advertirnos de una manera informada y clara de esta situación dadas las ventajas que la aprobación les supondría. Los creadores de contenidos para YouTube y otras plataformas lo tendrán realmete difícil en Europa, cualquier retransmisión o vídeo que utilice un fragmento de un videojuego, película, canción o una simple captura de pantalla, se arriesga a que sea retirado y censurado por petición expresa de la empresa afectada o de propio oficio por la plataforma de retransmisión para evitar posibles demandas hacía ellos. Como resultado directo se estable un filtro que impide cualquier crítica, así que las empresas se garantizan acabar de un plumazo con un método rápido para recibir posibles denuncias de baja calidad de un producto, malfuncionamiento o abusos de cualquier tipo ya que una crítica negativa podrá ser censurada rápidamente en el mismo momento en el que el usuario, en el caso de un “Youtuber”, el comprador de un producto en un foro o incluso un redactor en un artículo de prensa digital, utilice una imagen ilustrando el juego, la imagen de una película o el párrafo de un libro. La crítica se limitaría a un negocio donde se le concederían “derechos de crítica” únicamente a quien hable bien. Sencillamente terrorífico. La fría realidad es que perjudicará a la distribución del conocimiento y la libertad de información, porque pese a que los artículos recogen algunas excepciones para los usos no comerciales y privados, su redacción esta puesta de tal forma que la legitimidad debe demostrarse, o sea que somos culpables de subir cualquier cosa a la red hasta que se demuestre lo contrario. La razón para impulsar estas leyes era la necesidad de crear un mercado digital único, a priori beneficioso para los ciudadanos europeos y la homogeneización de la publicación en tiendas en línea o los catálogos de servicios, pero vistas las sucesivas redacciones da la impresión a muchos juristas y organizaciones de ser una mordaza pura y dura al libre comercio, al derecho de la información y a la libertad de expresión, donde difícilmente se entiende grandes beneficios al ciudadano europeo. Autor: Fátima Salazar C Temas relacionados: Economía Social, Sociedad, Política Y Ciencias Sociales, Defendiendo A Los Consumidores, Derecho, Fátima Salazar C. Internet, Medios De Comunicación, Política. Redes Sociales Reconocimientos y más información sobre la obra gráfica ADVERTENCIA: En este foro, no se admitirán por ninguna razón el lenguaje soez y las descalificaciones de ningún tipo. Se valorará ante todo la buena educación y el rigor sobre el tema a tratar, así que nos enorgullece reconocer que rechazaremos cualquier comentario fuera de lugar.
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