España se empecina con la tasa Google mientras la administración Trump le hace un “favor”

El Departamento de Estado de EEUU ha emitido una orden a sus embajadas en los países que barajan implantar la tasa Google, como España, en la que ordena que avisen de “represalias” a los Gobiernos que sigan adelante de forma unilateral.

Como recordaremos, en este largo culebrón del que he hablado en ocasiones, el pasado mes de marzo los países de la UE no llegaron a un acuerdo para establecer el impuesto que debía gravar la actividad de las compañías tecnológicas, caso de Google, Apple, Amazon, Facebook  entre otras.
 
En esta iniciativa uno de los principales impulsores fue España, que confiaba ahora en que la OCDE adoptara esa iniciativa a lo largo de 2020. El Gobierno de Pedro Sánchez llegó a señalar que aspiraba a recaudar hasta 1.200 millones de euros anuales con la implantación del nuevo impuesto, pero después en la memoria “España Avanza”, que remitió a Podemos para el inicio de las negociaciones para crear un Ejecutivo de coalición, desapareció esta figura impositiva, mencionando tan solo la tasa procedente de Europa. 
 
El Impuesto (ISDI) se integraba en el proyecto de los últimos Presupuestos Generales del Estado para 2019 que no superaron la aprobación del Congreso, lo cual supuso la convocatoria de elecciones anticipadas. 
 
Otros países de Europa tras los problemas para conseguir activar a nivel europeo una tasa Google han comenzado también a intentar medidas propias, caso de Francia, la cual decidió poner en marcha hace unos días un cargo nacional sin esperar a Europa.
 
La tasa francesa, bautizada GAFA (acrónimo de Google, Apple, Facebook y Amazon) gravará con un 3% los ingresos a empresas tecnológicas que generen más de 750 millones de euros anuales en todo el mundo y 25 millones de euros en Francia.
 
Tras el anuncio, comenzaron los problemas con la Administración Trump, amenazaba con represalias a los países de la UE que impongan este gravamen.
 
Tras los primeros “movimientos” de la administración estadounidense, gran parte de los medios de comunicación comenzaron rápidamente a sugerir que la administración Trump estaba intentando interferir en la creación de una tasa lícita.
 
Rápidamente se informaba que el Departamento dirigido por Mike Pompeo recordaba a sus embajadores que el compromiso internacional era negociar un nuevo régimen fiscal dentro de la OCDE y que ningún Estado miembro debía actuar por su cuenta.
 
Pompeo apuntaba: “Si un país se mueve fuera del procedimiento en curso en la OCDE e impone unilateralmente un Impuesto sobre los Servicios Digitales, EEUU tomará seriamente en cuenta acciones de represalia”
 
En sus medidas palabras no detallaba las acciones a tomar, pero en el caso de Francia, Washington ya ha comenzado un procedimiento de investigación que podría desembocar en la subida de aranceles a productos franceses y otras medidas a semejanza de la última escaramuza con China.
 
La administración Trump busca dejar claro que será contundente y que habilitará todo un arsenal medidas (me suena a que dijo lo mismo hace nada respecto al caso de Huawei y todo resultaba muy aterrador):
 
“EEUU analizará todas las opciones legales para responder a cualquier país que implante el Impuesto sobre Servicios Digitales con impacto potencialmente discriminatorio y de trato nacional preferente”.
 
Criticaba a algunos gobiernos, especialmente en Europa, que están politizando las citadas medidas y cuyo objetivos son impuestos “diseñados intencionadamente para compañías de EEUU dejando fuera las locales y nacionales”.
 
Pese a las duras críticas a las medidas que pretenden tomar ciertos países admitía con absoluta corrección diplomática que todas las empresas, con independencia de su nacionalidad o sector económico, deberían pagar su parte justa de impuestos, reconociendo una nueva economía digital que exige una adaptación de los sistemas fiscales, pero a través de acuerdos internacionales, como sería el caso de Australia, ejemplo de actuación que elogiaba dado que daba marcha atrás en sus pretensiones y se comprometía a esperar un acuerdo en la OCDE.
 
Gane quien gane: TÚ pierdes

Por supuesto la administración advierte de una realidad indiscutible: el efecto sería negativo para los consumidores ya que “que los impuestos serían finalmente repercutidos a los usuarios de servicios digitales”.
 
Una vez más en toda esta discusión los medios de comunicación obvian el gran componente oculto en muchas de estas medidas que dentro del halo de una aplicación honesta de los impuestos, muchos especialistas y organizaciones denuncian que tienen como objetivo promover mecanismos de censura y reducir la libertad en Internet, favoreciendo grandes lobbies empresariales que absorberían todo el tejido de Internet.
 
Un problema grave que subyace detrás de estos enfrentamientos, que a primera vista parecen únicamente económicos aunque esconden profundas maniobras políticas y múltiples intereses particulares.
 
España a la cabeza por limitar Internet
 
España lleva destacando por su deseo de grabar Internet hace tiempo, los intentos han sido múltiples y ha destacado por enmascarar dentro de este lícito uso de los gravámenes un intento oculto de impedir la libertad de acceso a la información aplicando cargas incomprensibles a los sistemas para enlaces de las páginas (el corazón del poder de Internet), como sería el caso de Google News o Menéame algo que va en detrimento de los intereses de las propias páginas web enlazadas y que ha supuesto durante años un duro campo de batalla que solo ha servido de momento para que los usuarios españoles perdieran el servicio de búsqueda gratuita de Google News (y no hace falta que nadie me recuerde que “nada es gratis en Internet”.)
 
La futura presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, pidió ayer que la UE espere para este impuesto hasta 2021, si no hay acuerdo a finales de 2020 en la OCDE.
 
Pero ahora, el actual Gobierno de Sánchez daba la sensación tras la reunión del G20 que seguiría los pasos de Australia y en su programa para negociar con Podemos (uno de los principales opositores a estas medidas en nuestro territorio) no contemplaba por fin, la tasa Google ya en España de forma unilateral.
 
Hasta este martes pasado, cuando ¡Sorpesa!, la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, en el DigitalES Summit 2019, el encuentro anual organizado por una patronal tecnológica aseguró que el Gobierno se planteaba volver a la tasa Google nacional si no se llegaba pronto a un acuerdo para implantar este gravamen en la Unión Europea, y eso, pese a que en el documento programático que envió el PSOE a Unidas Podemos para un acuerdo no se contemplaba, tan solo se remitía a los acuerdos europeos (los cuales se presume llegaran tarde o temprano, aunque quizás no tan restrictivos como los que se pretende implantar en el territorio nacional).
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Recordaba que lo ideal era llegar a un acuerdo a nivel mundial, o al menos a nivel europeo. Pero si no se alcanza un acuerdo en estos dos ámbitos, se debería actuar a nivel nacional.
 
Declaró Calviño: “El Gobierno no descarta actuar y abordar esa tasa sobre determinados servicios digitales, pero ello no es incompatible con que sigamos apoyando e impulsando un acuerdo en el ámbito europeo y en el ámbito mundial. Tenemos una participación muy activa en todas las reuniones de la OCDE y del G-20 en este terreno”. Destacó abordar un sistema fiscal que refleje dónde se produce el valor añadido, algo que “antes se producía en los bienes” pero ahora el valor añadido se deriva de los “datos de los ciudadanos”… ”Por eso tenemos que modernizar nuestro sistema fiscal”
 
Son grandes palabras, aunque el principal problema del sistema fiscal español radica desde hace años en una raquítica estructura para investigar a las grandes empresas y fortunas, aderezada por leyes protectoras (comenzando por el IBEX 35) donde se pierde gran parte de la posible masa recaudatoria (o cesar en los múltiples escándalos por el perdón de deudas y leyes fiscales que claramente son discriminatorias para las pequeñas empresas y autónomos).
 
España necesita sin duda adaptarse a los nuevos tiempos y dotar tanto a su ejército fiscal como legal de profesionales y medios para investigar el fraude en todo tipo de grandes empresas así como leyes que permitan perseguir este gran fraude que lacra España desde hace muchos años pero al que ningún gobierno ha querido poner freno jamás.
 
Quizás con este nuevo capítulo tan solo estamos presenciando una nueva maniobra política más en la esfera internacional que suponemos terminará en acuerdos de poca magnitud a nivel global y leyes locales muy enfocadas a implantar medidas restrictivas a la libertad de comunicación e información, amparadas en un sistema de impuestos que favorecerá claramente la expansión de ciertos grupos de información y empresas afines a los legisladores de turno.

Dada la poca popularidad por estas regiones del presidente norteamericano (algo que francamente se ha ganado con esfuerzo y duros sacrificios) las medidas de presión tan solo ayudan a blanquear las verdaderas intenciones de unas medidas locales que bajo un paraguas de honradez fiscal mucho me temo van dirigidas a implementar nuestro particular control de los medios de comunicación en Internet más que a poner freno a los abusos de las grandes empresas tecnológicas.

Ojalá me equivoque, pero sería la primera vez en este terreno de juego.

Mani G. (ManiPinkless)​

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