Una sentencia obliga a Endesa, a devolver más de 2000 € a un socio de la OCU

El pasado 29 de mayo la empresa Endesa fue condenada por el Juzgado de Primera Instancia nº 54 de Madrid, instándole a satisfacer la pretensión de un socio de la OCU, al que ésta había acusado de manipular el contador de gas en su beneficio.

​Una situación que inicialmente presuponiendo la culpa deja indefenso al consumidor, al ponerle en la tesitura de pagar la multa, primero pagas y luego denuncias, claro, si no quieres que te corten el servicio.
 
Una reclamación que efectúa la empresa distribuidora por manipulación del contador, la cual calculará la cantidad a abonar, tomando un consumo diario de 6 horas a la potencia contratada, durante un año. Y que, si no abona el consumidor, la cantidad que se le reclama, en virtud del artículo 87 del RD 1955/2000, la distribuidora podrá interrumpirle el suministro, como podemos leer…

Artículo 87 Otras causas de la suspensión del suministro   “La empresa distribuidora podrá interrumpir el suministro de forma inmediata en los siguientes casos:   a) Cuando se haya realizado un enganche directo sin previo contrato.   b) Cuando se establezcan derivaciones para suministrar energía a una instalación no prevista en el contrato.   c) Cuando se manipule el equipo de medida o control o se evite su correcto funcionamiento.   d) En el caso de instalaciones peligrosas.   En todos los casos anteriores la interrupción del suministro se llevará a cabo por la empresa distribuidora y se comunicará a la Administración competente, haciéndolo por escrito o por cualquier otro medio aceptado entre las partes.   De no existir criterio objetivo para girar la facturación en estos supuestos, la empresa distribuidora la girará facturando un importe correspondiente al producto de la potencia contratada, o que se hubiese debido contratar, por seis horas de utilización diarias durante un año, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que se puedan interponer.

​Si bien el artículo 87 in fine dice “De no existir criterio objetivo”, que por regla general, parece no existir un criterio objetivo al que acogerse, pues se suele aplicar la norma de “seis horas de utilización diarias durante un año”.
 
Pero este criterio que suelen seguir las empresas suministradoras, como indican numerosas sentencias, es bastante discutible, por que decir, que no hay un criterio objetivo es muy fácil y normalmente beneficioso para la empresa distribuidora y porque lo normal es que sí que exista; pues lo típico es que haya habido facturas anteriores, en las cuales se puede ver los consumos habituales sin olvidar que la empresa distribuidora, es la que se encarga de la lectura de los contadores y no le debería resultar difícil, ver cuando ha sido la última vez que se revisaron, así como saber desde cuando se manipuló dicho contador, dada la periodicidad con la que debe que revisar estos, algo que ha quedado reflejado en numerosos veredictos como el siguiente.

SAP (Sentencia Audiencia Provincial) de Madrid, de la sección 18ª, de 18-11-2010   “Efectivamente, la empresa ha girado, según afirma, su factura por el importe correspondiente al producto de la potencia contratada por seis horas de utilización diarias durante un año. Ahora bien, ello haciendo caso omiso al primer inciso de ese precepto que establece tal forma de facturación "de no existir criterio objetivo" para determinar la cuantía, y es claro que en la factura girada no se ha expresado la imposibilidad de aplicar otro criterio objetivo como desde luego pudo serlo la media del consumo desde la contratación en noviembre de 2007 al menos hasta el momento en que la demandada apreció que el consumo era 0 pudiendo desde entonces proceder a inspeccionar la instalación para determinar la causa. Es evidente que desde noviembre de 2007 algún consumo tendría ese local y por lo tanto en algún momento debió la demandada cerciorarse de la existencia de una anomalía, sorprendiendo que si tal anomalía se diera desde el mismo momento de la contratación no procediera sin más en la forma establecida en el citado artº. 87 en sus anteriores apartados.   En su consecuencia, en ningún error valorativo incurrió la Juzgadora de instancia desde el momento en que si lo que consta como consumido es un valor de 0.- ? y no se explica por la demandada el motivo por el cual carece de datos objetivos para facturar como en primer término exige el citado precepto, no existe dato alguno que permita sin más aplicar como supuesto un consumo de seis horas diarias durante un año, menos aún cuando ni tan siquiera había transcurrido un año desde la perfección del contrato con el demandante hasta la fecha de esa facturación, con lo que el enriquecimiento para la demandada es palmario e injusto, sin que a ello obste la afirmación de que el propio actor reconoció la manipulación porque a su vez reconoce adeudar algo, cuando tal actitud en realidad no es sino acreditativa en esta litis de buena fe al admitir como debido y correctamente abonado al menos la media de lo consumido incluso antes de ser titular del contrato.   En su consecuencia, procede la desestimación del recurso formulado, confirmándose la sentencia recurrida con imposición a la recurrente de las costas procesales causadas en esta alzada.”

Como se puede apreciar en la sentencia, aplicar este criterio sin una valoración previa es injusto, como indica esta sentencia y otras muchas en referencia a este dato, añadiéndole a este veredicto el hecho de que ni siquiera llevaba un año con dicha empresa y que nos hemos tomado la libertad de resaltar en la transcripción del fallo, dato que en cierta manera demuestra una forma de actuar de la empresa automática ante estos casos, si nos paramos a pensar en el hecho de que no llevaba el usuario ni un año con la empresa y esto ni se contemplo, si claro, presuponemos que no hubo mala fe por parte de la empresa.
 
Por si os pudiera quedar alguna duda de que el criterio de dicho tribunal, aquí os dejamos unas cuantas sentencias, para que comparéis dicho criterio, el cual parece ser el general.
 
Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección3ª) Sentencia de 31 mayo 1999. RJ 1999\3958;
 
Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección3ª) Sentencia de 29 diciembre 1998. RJ 1999\264;
 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección5ª) Sentencia núm. 207/2013 de 20 marzo. JUR 2013\195442;
 
Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Alcobendas (Madrid), nº 43/2015, de 19 de febrero de 2015, además de las SAP de Madrid, de la sección 18ª, de 18-11-2010 y de 25-2-2013;
 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, sección primera, de 9 de enero de 2015
 
En el caso al que alude este artículo, la condena obliga a Endesa Energía XXI SLU a devolver, la suma (nada despreciable teniendo en cuenta la mayoría de los salarios en España, que no la media) de 2.146,13 € más los intereses correspondientes y las costas de dicho proceso.
 
Según explica la OCU, en la sentencia, la compañía Endesa no ha podido demostrar que el citado contador hubiese sido manipulado, por lo que no queda acreditada la cantidad que le fue cobrada al usuario, razón por la que el Juzgado declaró nula dicha factura, satisfaciendo la pretensión del demandante y obligando a la empresa a devolver el importe, que fue cobrado de manera indebida.
 
En la sentencia con un criterio claro, explica que hay una “falta de prueba de las circunstancias de esa manipulación y de su autor, como fotografías que reflejasen tal manipulación ni históricos de consumo”.
 
Como dato especialmente relevante, está el informe de inspección que presenta la empresa, en el cual no consta la firma del consumidor, por lo que tampoco ésta, ha podido demostrar que el usuario afectado fuese informado de que el inspector de la empresa, se llevara el contador en cuestión, algo que sobre lo que ya hay sentencias que invalidan de plano, esta forma de actuar de algunas empresas.

Audiencia Provincial de Valencia, sección 6ª, de 05 de junio de 2014:   “[…] al no constar en autos, ni siquiera alegarse, que se comunique al contratante la realización de la misma para que la presencie, determinando ello la preconstitución de un elemento de prueba no sólo con trascendencia civil sino incluso penal, no puede obviarse que esa misma indefensión se produce cuando sin comunicación previa alguna se procede a facturar una elevadísima suma en base al contenido de una norma cuya aplicación tan siquiera se notifica ni menciona en esa factura manifestándose qué cálculo se ha efectuado y sin dar posibilidad alguna al cliente,[…]   Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Torrent (Valencia) de 20 de mayo de 2015:   “En definitiva [Empresa XXXX…] imputa un fraude, que constituiría un hecho delictivo, sobre la base de un informe de inspección unilateral, realizado por un trabajador su, cumpliendo la necesidad de avisar a la propietaria prevista en el RD 1725/1984 y privando al cliente de cualquier posibilidad de contradicción, lo que resulta inadmisible.    De considerar suficiente el informe unilateral de [EmpresaXXXX…], se causaría al consumidor un perjuicio irreparable, al privarle de cualquier posibilidad de contradecir lo expuesto en el informe e incluso de defenderse por cuanto carecería de cualquier medio legítimo de defensa, al no haber tenido la oportunidad de estar presente, observar y, en su caso, contradecir, la manipulación denunciada.    Es mas, la regularización también la efectúa [EmpresaXXX…] unilateralmente, sin previo aviso, sin la incoación de un expediente contradictorio, sin dar audiencia al cliente, limitándose a comunicar la inspección realizada y el importe de la regularización que factura posteriormente.”

​Esta situación no es nueva, ni una excepción, como claramente indica en su comunicado de prensa la OCU, “lleva tiempo advirtiendo y denunciando que, en los últimos años, algunos usuarios están recibiendo notificaciones de su compañía de gas y electricidad en donde se les acusa injustamente de manipular el contador para pagar menos”.
 
Uno de los claros problemas de los procedimientos que se siguen por las empresas de este sector, es que como en este caso, no se aplica presunción de inocencia y se culpa directamente al usuario, llegando como en el citado caso, a no ofrecer pruebas que demuestren, su responsabilidad en la manipulación del contador ni intención de defraudar en la factura.

​Constitución Española   Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas   Artículo 24   1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.   2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

​En el aspecto de la presunción de inocencia, no debemos olvidar, que una consecuencia contemplada por la ley por la manipulación de un contador, es la vía penal y aquí el Código Penal recoge:

Artículo 255.   1. Será castigado con la pena de multa de tres a doce meses el que cometiere defraudación utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos, por alguno de los medios siguientes:   1.º Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.   2.º Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores.   3.º Empleando cualesquiera otros medios clandestinos.   2. Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.”   Se modifica por el art. único.132 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439.   Se modifica el párrafo 1 por el art. único.87 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538   Última actualización, publicada el 31/03/2015, en vigor a partir del 01/07/2015. Modificación publicada el 26/11/2003, en vigor a partir del 01/10/2004. Texto original, publicado el 24/11/1995, en vigor a partir del 24/05/1996.

​Y que en relación a la presunción de inocencia el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en numerosas sentencias como la que sigue…

Sentencia TC 45/1997, de 11 de marzo de 1997, FJ4.   “Por lo que se refiere en concreto al derecho a la presunción de inocencia, hemos declarado en STC 120/1994 que «la presunción de inocencia sólo se destruye cuando un Tribunal independiente, imparcial y establecido por la Ley declara la culpabilidad de una persona tras un proceso celebrado con todas las garantías (art. 6.1 y 2 del Convenio Europeo de 1950), al cual se aporte una suficiente prueba de cargo», de suerte que la presunción de inocencia es un principio esencial en materia de procedimiento que opera también en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora (SSTC 73/1985 y 1/1987), añadiéndose en la citada STC 120/1994 que «entre las múltiples facetas de ese concepto poliédrico en que consiste la presunción de inocencia hay una, procesal, que consiste en desplazar el onus probandi con otros efectos añadidos. En tal sentido hemos dicho ya -continúa razonando la STC 120/1994- que la presunción de inocencia comporta en el orden penal stricto sensu cuatro exigencias que enumera nuestra STC 76/1990 y recoge la 138/1992, de las cuales sólo dos, la primera y la última, son útiles aquí y ahora, con las necesarias adaptaciones mutatis mutandis por la distinta titularidad de la potestad sancionadora. Efectivamente, en ella la carga de probar los hechos constitutivos de cada infracción corresponde ineludiblemente a la Administración Pública actuante, sin que sea exigible al inculpado una probatio diabolica de los hechos negativos. Por otra parte, la valoración conjunta de la prueba practicada es una potestad exclusiva del juzgador, que éste ejerce libremente con la sola carga de razonar el resultado de dicha operación (STC 76/1990). En definitiva, la existencia de un acervo probatorio suficiente, cuyas piezas particulares han de ser obtenidas sin el deterioro de los derechos fundamentales del inculpado y su libre valoración por el Juez son las ideas básicas para salvaguardar esta presunción constitucional y están explícitas o latentes en la copiosa doctrina de este Tribunal al respecto (por todas, STC 89/1992)» (STC 120/1994, fundamento jurídico 2.).”

​El argumento que usan las distintas empresas del  sector es también claro, excusándose en que se limitan a  cumplir con la Ley vigente, como hemos ido reincidiendo a lo largo del texto ya son varias como ésta las sentencias judiciales que condenan la indefensión que se  le provoca al consumidor en estos casos dicha ley. Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también ha reconocido que el sistema actual es injusto y está trabajando para mejorarlo.
 
Una ley que en “opinión de muchos” sitúa a la empresa distribuidora sino al mismo nivel, muy cerca de un organismo administrativo sancionador, pero, sin las garantías que facultan a las actuaciones sancionadoras administrativas, teniendo en cuenta la presunción de inocencia de los administrados en contraposición, los Agentes de la Autoridad, gozan de la presunción de veracidad en vía administrativa y que dicha presunción, encuentra su apoyo en los siguientes artículos:

​Artículo 38, Ley 39/2015, de 1 de octubre "los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley",   Artículo 39 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre "se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa."   Artículo 52 ,Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, “En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de esta Ley, las denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles”

​Saliéndonos un poco del tema tratado en cuestión, en materia de tráfico y seguridad vial la Ley, se apoya en los siguientes preceptos:

​Artículo 88 ,Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: “Las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas tendrán valor probatorio, salvo prueba en contrario, de los hechos denunciados, de la identidad de quienes los hubieran cometido y, en su caso, de la notificación de la denuncia, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado”   Artículo 14 ,Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial: "Las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico tendrán valor probatorio respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado y de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios denunciados"

​Así como refleja la obligatoriedad de respetar los requisitos legales pertinentes, para la protección de los administrados, como indica la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en artículo 137 en su punto 3º.

Artículo 137 Presunción de inocencia   “1. Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.   2. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.   3. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.   4. Se practicarán de oficio o se admitirán a propuesta del presunto responsable cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de hechos y posibles responsabilidades.   Sólo podrán declararse improcedentes aquellas pruebas que por su relación con los hechos no puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable.”

​Todos estos artículos relacionados con el procedimiento administrativo sancionador, tienen diferencias con los procedimientos y la forma de actuar de una empresa privada que realiza una inspección a un consumidor, aunque las potestades aquí reflejadas en nuestra opinión a priori parecen hacerlas suyas las empresas, aunque en una posterior sentencia se regulen, así como los principios de presunción de inocencia. Dado que una empresa no goza de presunción de veracidad debe demostrarlo, como indican las sentencias relacionadas con este hecho.
 
Como en el caso analizado, el inspector que fue a revisar el contador por cuenta de la empresa suministradora, el informe que redacte, no debería tener en principio la misma validez, que un acta que realice un agente de la autoridad, la cual como hemos visto tendrá la presunción de veracidad.
 
Así como tampoco se le han garantizado de igual manera los derechos, que en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, quedan recogidos en él:

Artículo 135. Derechos del presunto responsable   “Los procedimientos sancionadores garantizarán al presunto responsable los siguientes derechos:   A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.   A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico que resulten procedentes.   Los demás derechos reconocidos por el artículo 35 de esta Ley.” ​

​Pues son varios los casos en los que al consumidor, no se le avisa de la inspección o en su caso del cambio del contador o la reparación realizada, hasta después de haber recibido la facturación por haber manipulado el contador, algo que como se califica en la STC 45/1997 la cual hemos transcrito más arriba, es una probatio diabolica de los hechos negativos. Lo que para que nos entendamos, es una prueba imposible de conseguir dado que el contador ha sido modificado o cambiado por la empresa sancionadora, privando al consumidor de toda prueba en relación con el contador manipulado.
 
Y no solo las sentencias han dado cuenta de esta indefensión hasta el Defensor del Pueblo ha dado cuenta de este desamparo, como se muestra en este texto transcrito: 

​En relación con la queja de referencia, se ha recibido escrito de esa Consejería en el que se comunica la resolución del recurso de alzada que desestima la pretensión del interesado contra la decisión de una empresa distribuidora de energía eléctrica de facturarle 1.908,06 euros por un supuesto fraude de energía eléctrica consistente en “puente de tensión desplazado”.   Estos hechos han motivado la intervención de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Hellín, que ha puesto de manifiesto ante esa Consejería que la inspección no se realizó con las debidas garantías, por lo que no cabría atribuirle valor probatorio y consiguientemente solicitó que declarase la nulidad de la misma. Además, la citada OMIC alegó que el descenso en el consumo eléctrico de la vivienda en cuestión estaba motivado por la profesión de camionero del interesado, que se ausentaba con frecuencia de su domicilio.   Sobre estas premisas, el recurrente había solicitado la anulación de la inspección, señalando que el acta de inspección de la empresa distribuidora carece de valor probatorio, al no tener la condición de autoridad pública la persona que la suscribe.   Se resuelve esta pretensión citando la normativa, el artículo 87 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, que prevé que la empresa distribuidora podrá interrumpir el suministro de forma inmediata “cuando se haya realizado un enganche directo sin previo contrato”. Según la Administración, el citado precepto no exige que el personal de la empresa distribuidora tenga la condición de autoridad.   En cuanto a la alegada vulneración del principio de presunción de inocencia, se indica que en las reclamaciones en materia de energía eléctrica, la Administración decide quién tiene la razón en un conflicto entre dos particulares, el ciudadano y la empresa distribuidora, pero no se trata de un procedimiento sancionador, por lo que, a juicio de esa Administración, no entraría aquí en juego el derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la Administración se limita a comprobar si efectivamente ha existido una irregularidad que suponga un fraude y que permita a la empresa distribuidora girar una nueva factura con arreglo a criterios objetivos o estimativos, pero no tiene competencia para indagar quién ha sido el autor material de la manipulación.   En su fundamentación cita una sentencia del Tribunal Supremo 21 de junio de 1999 en la que se dice que hay razones para presumir que el causante del fraude es el titular del contrato, beneficiario directo del mismo.   Consideraciones   La presente queja pone de manifiesto un problema que ha motivado múltiples quejas ante esta institución. Se trata de las refacturaciones por supuestos fraudes de energía eléctrica llevados a cabo tras inspecciones realizadas por personas que no tienen la condición de autoridad pública, sino que son empleados de las empresas distribuidoras de energía eléctrica o incluso de empresas subcontratadas a tal fin.   Como ya se ha señalado la comprobación del fraude de energía eléctrica tiene una naturaleza materialmente sancionadora, por lo que los procedimientos previos han de respetar los derechos de defensa y de presunción de inocencia de los ciudadanos a quienes se acusa de fraude y, para ello, es fundamental que se encomiende la realización de inspecciones a funcionarios.   Se ha formulado una Recomendación a la Secretaría de Estado de Energía orientada a que se establezca un procedimiento que garantice los derechos de los consumidores a realizar alegaciones en su defensa, la presunción de inocencia y con unos plazos razonables que no discriminen a los presuntos defraudadores frente a quienes incurran en impago.   Esta institución no comparte el parecer de esa Administración de que en los procedimientos de reclamación en materia de energía eléctrica no entra en juego el principio de presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución española y es un principio aplicable directamente a los procedimientos materialmente sancionadores, como es el caso de las refacturaciones en materia de fraude de energía eléctrica.   No puede imponerse a un particular la obligación de pagar la penalización por fraude de energía eléctrica en aquellos casos en los que no se haya podido demostrar que el ciudadano al que se le exige el pago de estas cantidades sea el autor material de la manipulación.   Además, hay que tener presente que el Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, ha introducido un nuevo incentivo a las empresas de distribución de energía eléctrica para lograr una disminución del fraude de manera que cada una de las empresas distribuidoras de energía eléctrica percibirá en la retribución de cada año el 20% de los peajes ingresados y declarados durante los dos años anteriores hasta un límite de un 1,5 por ciento de la retribución total.   Esta institución considera que no se le debe dar al acta de inspección un valor probatorio absoluto, sino que para respetar el derecho a la presunción de inocencia se debe valorar cada caso, teniendo en cuenta la información disponible. Por ello, en el supuesto particular, se sugiere a esa Consejería que revise su decisión a fin de valorar si el interesado cometió o no fraude, de acuerdo con los elementos de juicio disponibles.   Decisión   Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, procede formular las siguientes:   RECOMENDACIÓN   Modificar el criterio de esa Administración para dejar de atribuir presunción de veracidad a las inspecciones realizadas por personal de la empresa de distribución de energía eléctrica o de empresas subcontratadas.   SUGERENCIA   Revisar de oficio la resolución dictada en el expediente de referencia para volver a realizar una nueva valoración probatoria que respete el principio de presunción de inocencia y el consiguiente derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo.   En espera de la remisión de la preceptiva información, en la que se ponga de manifiesto la aceptación de esta Recomendación y de esta Sugerencia, o en su caso, de las razones que se estimen para no aceptarla, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.   Le saluda muy atentamente,   Soledad Becerril   Defensora del Pueblo

La cual en su momento será rechazada por la administración como podéis ver si pulsáis en este enlace
 
En relación que este último punto y con un criterio que creemos es el acertado, la OCU declara, que acusar de manipulación sin pruebas objetivas es grave. Por eso, la Organización cree que es necesario que, en estos casos, el acta elaborada por el técnico incluya fotos detalladas de la manipulación y evidencias adicionales como el histórico de lecturas realizadas en ese contador (para así comprobar si en un momento dado hubo una variación sospechosa). Además, el consumidor afectado debe ser informado desde el principio y durante todo el proceso de lo que está pasando. Criterio que no es privativo de la OCU si no que también ha sido como hemos visto, compartido por los tribunales.
 
En definitiva, y lo que queda patente en las distintas sentencias, es que el actual sistema de sanción en la manipulación de los contadores debería revisarse, dado la situación de inferioridad manifiesta en la queda el consumidor, pasando de la teórica presunción de inocencia que debería ostentar todo individuo, a en cambio, tener  prácticamente la presunción de culpabilidad,  el cual contempló en su momento el Defensor del Pueblo en su recomendación : “Modificar el criterio de esa Administración para dejar de atribuir presunción de veracidad a las inspecciones realizadas por personal de la empresa de distribución de energía eléctrica o de empresas subcontratadas”. Las cuales bajo esa presunción a priori de veracidad, obligan en su caso al desembolso de la multa, aun sabiéndose el consumidor inocente, por miedo a perder el suministro, algo que como se puede leer en la citada nota de prensa, no debería ocurrir en ningún caso con servicios tan básicos como el gas o la electricidad.
 
Pero aunque, a priori, podamos ser víctimas de una situación parecida, deberemos tener la sangre fría y ser minuciosos, aportando toda la documentación en relación a dicha eventualidad que podamos recopilar y ponernos en manos de profesionales responsables, sabiendo que la justicia no será la primera vez que pone cartas en el asunto, con sentencias que acaban nivelando el resultado, si bien es cierto los numerosos trastornos que pueden llegar a provocar una factura de este tipo en una humilde familia no son siempre predecibles, si somos inocentes en “principio” no tenemos nada que temer.
 
Fuentes:
 
https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2019/endesa290519
 
http://www.poderjudicial.es
 
https://www.boe.es
 
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/presuncion-de-inocencia-de-las-personas-acusadas-de-cometer-fraude-electrico-y-valor-probatorio-de-los-informes-de-inspeccion-de-las-empresas-distribuidoras/#
 
https://revista.uclm.es/index.php/cesco
 
Autor: NeCLO Jurisconsultor

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