Ojeando las notas de prensa
El aumento del pago energético en España durante el invierno es una tradición tan nuestra como los polvorones o comer uvas durante las campanadas, un problema sin solución en el único país que ha puesto barreras a las energías renovables, impuestos al sol y al autoconsumo.
El precio de la energía incluso se transforma durante los meses más fríos en una cuestión de supervivencia, en una moda más, tan asumida como cualquier otra, una queja ya conocida y descontada por todos.
FACUA volvía a la carga denunciando que tras dos meses de bajadas, la luz ha vuelto a subir en la primera semana de diciembre. Según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción, el recibo del usuario medio alcanzaba de nuevo los 80 euros con las tarifas semirreguladas (PVPC) del 1 a 7 de este mes, en los que el precio del kWh se ha situado en una media de 16,61 céntimos (13,06 más el 27,19% de impuestos indirectos). La factura más cara del año hasta la fecha con las tarifas PVPC ha sido la de septiembre, 83,55 euros, seguida de la de agosto, 80,73 euros, y la de octubre, 80,66 euros. En noviembre bajó a los 79,64, aunque el recibo continuó siendo más caro (un 0,4%) que en el mismo mes de 2017, cuando se situó en 79,36 euros. Según los datos de FACUA, en julio de este año el mismo recibo fue de 78,39 euros, en junio se situó en 76,71 euros, en mayo en 75,34 euros, en abril en 69,94 euros, en marzo en 69,46 euros, en febrero en 76,32 euros y en enero en 74,81 euros. Los análisis ponen de manifiesto que la factura de la luz más cara a nivel histórico fue la del primer trimestre de 2012, cuando se situó en 88,66 euros para el usuario medio (tras la corrección de la tarifa fijada por el Gobierno por una sentencia del Tribunal Supremo). Tras ella, los 87,81 euros de enero de 2017 y los 83,55 euros de septiembre de 2018. La cuarta factura más elevada representó 81,18 euros, correspondiente a las tarifas de julio de 2015 y la quinta 80,73 euros, de agosto de este año. Esta denuncia se suma a la que ya presentó el mes pasado advirtiendo que el butano había subido un 15,4% en cinco meses y superaba ya los 15 euros por primera vez desde 2015, considerando desproporcionadas las subidas encadenadas en el precio de la bombona de butano que se habían producido en los últimos cinco meses. Los incrementos de julio, septiembre y noviembre sumaban un 15,4%, de manera que el butano superaba los 15 euros por primera vez desde marzo de 2015, cuando se situó en 15,81 euros. Según indicaban, a partir del martes 20 de noviembre, comprar una bombona estándar de 12,5 kg costaba 15,33 euros (incluidos los 0,015 céntimos del impuesto de hidrocarburos y el 21% del IVA), frente a los 14,61 que se establecieron en septiembre y los 13,93 euros de julio desde los 13,28 euros de mayo.
FACUA criticaba una vez más que “el Gobierno siguiera sin emprender medidas de alcance para abaratar el recibo y que frenaran la especulación del oligopolio energético. Las escasas actuaciones que ha dado a conocer el Ejecutivo de Pedro Sánchez no producirán una bajada significativa en un infladísimo recibo al que cientos de miles de familias ni siquiera pueden hacer frente, denuncia la asociación.”
El problema energético tiene un coste social y económico desproporcionado que muy pocas veces se tiene en cuenta, pues no solo afecta a la calidad de vida, si no a factores esenciales para obtener el ansiado desarrollo económico gracias a la libre competencia y el acceso a una energía barata. Los intereses creados tratan de ocultar que el déficit energético es deliberadamente inducido, buscando frenar el desarrollo tecnológico, legal o de estructuras energéticas independientes, así como minimizar que es uno de los problemas centrales de la economía española en un país dependiente de las importaciones de petróleo. Con la crisis el precio de la energía descendió, con lo que el problema parecía momentáneamente aliviado, aunque el precio del petróleo se estimula tan pronto como la actividad económica mundial demanda de nuevo más energía, es un circulo vicioso conocido y sin secretos, lo que lleva a depender de una política internacional llena de sorpresas y altibajos según las batallas que se libran en el mercado de precios a causa de los intereses de las naciones más poderosas, capaces de influir en su precio a través de la política supranacional. Los intereses que están en la base de este grave problema energético español comúnmente son achacados a las grandes compañías eléctricas y a una clase política incapaz de ponderar el desastroso daño económico y social que supone la pleitesía a estas compañías, aunque el problema es todavía más grave y complejo. Por un lado las compañías eléctricas tratan de prolongar la vida de sus centrales nucleares, presentándolas como necesarias, llevando a un debate demasiado complejo, puesto que ni muchos expertos (incluso con ideas ecologistas) se ponen de acuerdo frente a su impacto negativo, así que debatir este punto es innecesario, ya que propaga un debate meramente técnico, difícil de dilucidar y que oculta los problemas esenciales de fondo. Entonces si nos saltamos esta polémica, se alcanzan alguno de los problemas de fondo como el rechazo del sector pese a las apariencias, de algunas energías renovables, ya que éstas ofrecen la posibilidad de un modelo energético alternativo, que ofrece a medio y largo plazo independencia energética, pero es más descentralizado que el actual y por tanto el monopolio de los precios resulta más difícil y el autoconsumo produce pavor. Amortizar primero sus grandes inversiones ha generado modelos irracionalidades en la producción de energía. Por un lado, las grandes compañías del sector se han acercado a la energía eólica renovable para hacerla suya, ya que sus elevados costes de instalación limita una vez más la descentralización energética y el autoconsumo, a lo que hay que sumar de ayudas públicas y sobretasas coyunturalmente generadas a su favor.
AleSpa
Aún así, el miedo a la competencia permitió que el lobby indujera serías barrearas legales completamente ilógicas para el interés común gracias a su influencia política que han destrozado el sector industrial de la investigación y producción de infraestructuras o tecnología renovables. El cierre de plantas de Gamesa, una gran empresa productora de aerogeneradores y que podía presumir de ofrecer experiencia y desarrollar tecnología punta es un buen ejemplo de las consecuencias de una política irracional. Somos ya mundialmente conocidos por tratar de frenar la expansión de la energía solar en uno de los países avanzados más adecuados para usarla, pero la energía solar se presta muy adecuadamente a la descentralización energética y eso ha supuesto una serie de maniobras políticas para frenar el desarrollo e incluso la ruina de muchos pequeños inversores ante el giro de las políticas que supuso el final de la época de subvenciones y promoción de esta durante el periodo socialista de Rodríguez Zapatero. Empresas, particulares e incluso instituciones menores como ayuntamientos, pueden independizarse en mayor o menor medida de las grandes compañías energéticas gracias a que las instalaciones solares puesto que no son muy costosas. La energía solar por ejemplo resulta muy eficaz para producir electricidad diurna y eficiente para el calentamiento del agua frente al uso menos lógico usando la electricidad. Mientras que otros países impulsan esta autonomía y la competencia que facilitaría reducir la factura de la energía, aquí las medidas tienen poco o ningún efecto. Como ejemplo podemos recordar el anuncio del Gobierno a principio de septiembre de suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, con el objetivo de reducir de manera inmediata la factura de la luz de los consumidores, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. En concreto, esta suspensión del impuesto podía suponer una rebaja en la factura de la luz para un consumidor doméstico de entre el 2,5% y el 4%, y alrededor del 5% o el 5,5% para el consumidor industrial. La ministra anunció esta decisión enmarcada dentro de un paquete de medidas que se impulsaba desde el Ejecutivo para afrontar la espiral alcista del precio de la electricidad, entre las que también figuraban la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción. Pero lo cierto es que se sigue observando como cíclicamente el mercado energético eleva la factura encareciendo el nivel de vida y reduciendo la capacidad de competir de nuestras empresas abocadas a reducir sus márgenes por la factura energética. Dentro de estas medidas para recuperar el "impacto positivo" que ejercen las energías renovables en el precio, el ejecutivo planteó diferentes líneas de acción urgente, como reducir las barreras existentes al despliegue de renovables o facilitar los contratos bilaterales, los conocidos como (PPA), para cambiar parte de la electricidad contratada en el mercado mayorista por contratos bilaterales a largo plazo de energías con orígenes renovables.
Pero de momento nada surge efecto y además el fantasma de la manipulación del mercado siempre planea por encima de esta polémica, a principios de este mes la CNMC mostraba su malestar con el Gobierno por desvelar multas a eléctricas por alterar el precio de la luz, una práctica habitual y plagada de denuncias en nuestro país.
En este último caso concretamente, el secretario de Estado de Energía desveló en el Senado que el supervisor ultimaba un expediente contra Naturgy y Endesa por presunta manipulación del mercado para hacer subir la electricidad. A estos abusos hay que sumar las multas de la CNMC a las eléctricas por cambiar a clientes sus contratos de luz y gas sin avisar, otra tropelía clásica en el sector, junto a las denuncias de la CNMC que lleva años alertando sobre las malas prácticas comerciales en la captación de clientes en los sectores de la electricidad y el gas. Estas prácticas que desarrollan las compañías energéticas tanto para quitarles clientes a sus rivales como para sacar a sus propios clientes de las tarifas reguladas para llevárselos a las tarifas del mercado libre, que salen más caras al consumidor. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha ido dando pequeños pasos desde el Gobierno central para afrontar el problema, como el fin del impuesto al sol y la extensión del bono social del anterior Ejecutivo pero se muestran insuficientes. La propia asociación FACUA advierte para finalizar en su último comunicado sobre las últimas subidas de la factura de la luz que el bono social del Gobierno de Rajoy fue un fracaso aún mayor que el que se aprobó durante la etapa socialista de Zapatero. En este sentido, indica que los leves cambios introducidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez siguen sin garantizar descuentos significativos y mantiene unos niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él -salvo a las familias numerosas, que pueden beneficiarse todas-. De momento seguimos en la montaña rusa de tarifas que nos caracteriza. Te puede interesar:
Autor: Fátima Salazar C
Temas relacionados: Economía Social, Sociedad, Política Y Ciencias Sociales, Defendiendo A Los Consumidores, Derecho, Fátima Salazar C. Reconocimientos y más información sobre la obra gráfica ADVERTENCIA: En este foro, no se admitirán por ninguna razón el lenguaje soez y las descalificaciones de ningún tipo. Se valorará ante todo la buena educación y el rigor sobre el tema a tratar, así que nos enorgullece reconocer que rechazaremos cualquier comentario fuera de lugar.
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