El culebrón del impuesto a las hipotecas, episodio 2 – ¿Qué imagen damos?

El 7 de noviembre todas las portadas anunciaban que el ejecutivo de Pedro Sánchez reaccionaba a la crisis generada por el cambio de criterio del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas (impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ITP y AJD).

El presidente del Gobierno comparecía este miércoles en La Moncloa para anunciar que el jueves el Consejo de Ministros aprobaría un real decreto ley para garantizar que "nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero".
 
Esto significaba modificar el artículo 29 de la ley de 1993 para clarificar que el sujeto pasivo es el prestamista (la banca) y nunca el prestatario (el cliente) para la parte variable del AJD en los préstamos hipotecarios.
 
Llegábamos así al capítulo más reciente de un culebrón que no hace más que complicarse, el decreto resulta lógico pero por desgracia no resuelve ni mucho menos el problema de todos los clientes que han firmado una hipoteca en los últimos 20 años, plantea como repercutirá en las comisiones que pagamos a la banca o abre una nueva herida entre el poder ejecutivo y judicial que cuestiona nuestra preservación de la seguridad jurídica
 
El  siguiente capítulo comenzó cuando el Tribunal Supremo daba marcha atrás a su cambio sobre el impuesto de las hipotecas y finalmente tenía que pagarlo el cliente, tras una segunda decisión sin precedentes históricos que generó una tormenta mediática que empeoraba aún más nuestra deteriorada imagen exterior. Un punto que muy pocos analistas han tenido en cuenta y de vital importancia en nuestro futuro.
 
La decisión tomada el martes en el pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo tras dos días de intenso debate y por tan solo dos votos de diferencia, dejaba aparentemente la cuestión en el punto de partida con 15 magistrados a favor de que el cliente pague y 13 de que se mantuviera el criterio fijado el 16 de octubre, el cual cambiaba la jurisprudencia que había mantenido hasta ahora el alto tribunal y que finalmente se mantenía.
 
Pero sin embargo, quien pensara que todo esto había terminado está muy equivocado, las consecuencias de esta decisión sin precedentes dañaba de manera extraordinaria tanto la imagen de la justicia como la de las instituciones políticas y financieras españolas que desde hace años están en el punto de mira de los ciudadanos y los inversores.
 
El Gobierno, que como es costumbre en otras ocasiones, suele reaccionar de manera mucho más lenta, consciente de la repercusión mediática y económica que se le venía encima, además de sabedor del actual panorama y el problema de desgate que le está suponiendo no poder aprobar los presupuestos, tenía en sus manos una oportunidad única para dar un golpe de efecto.
 
Así que tomó cartas en el asunto muy rápido, era consciente de la alarma social creada a raíz de la decisión del Supremo, sabía que podía ganarse una “medalla” ofreciéndose como defensor  de los consumidores y obtener una imagen positiva a su favor, desviando la ira generada contra los jueces y la banca.
 
Todo fue muy rápido, el martes por la noche, cuando se conoció que el alto tribunal había determinado, por solo 15 votos a 13, ratificar su jurisprudencia y prescindir de las tres sentencias firmes que hacían a la banca el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados, comenzó el trabajo frenético para tomar una decisión y el miércoles comparecía él mismo Sanchez ante los medios en una de esas extraña ruedas de prensa a las que no estamos acostumbrados (no veíamos nada parecido desde la última hace casi un mes, por la visita del presidente chileno, Sebastián Piñera )
 
Ya era la una de la tarde del miércoles cuando Sánchez compareció tras una reunión con la vicepresidenta, Carmen Calvo y los ministros del asunto en cuestión: Economía, Nadia Calviño, Hacienda, María Jesús Montero y Fomento, José Luis Ábalos.
 
Anunciaba que el Ejecutivo aprobaría un Real Decreto Ley en su próximo Consejo de Ministros, que se adelantaba al jueves 8 de noviembre por la festividad Madrileña del viernes.
 
El cambio legislativo debería entrar en vigor cuando se publicara el viernes en el BOE. Pero no debemos olvidar que deberá de ser convalidado por el Congreso y necesita el apoyo de la Cámara Baja, una estupenda oportunidad para “retratar” al resto de grupos y ofrecer una imagen de liderazgo.
 
Pedro Sanchez y su equipo dominan muy bien el lenguaje y necesitaban una frase contundente: "Ayer habló el Poder Judicial y hoy y mañana hablará el Poder Ejecutivo", era una frase muy segura vista desde dentro, aunque una vez más daba en la línea de flotación de la independencia de poderes vista desde fuera ya que podría dar la sensación para muchos de marcar un claro distanciamiento entre intereses sociales, políticos y legislativos (que la lógica democrática debería considerar similares e independientes, aunque parece que en este país siempre están “controlados”)
 
Por su parte antes de comenzar esta comparecencia, las instituciones financieras, Inmersas en la confianza que tienen  por su capacidad de resistir cualquier ataque de los “habituales”, consideraban amortizadas las consecuencias antes de empezar de  todo lo que pudiera ocurrir después, puesto que la opinión ciudadana en su contra se supone unánime o casi, tras el largo historial de denuncias que recae sobre la banca española, un país conocido por las “tarjetas black”, “las clausulas suelo”, “las preferentes”, “el rescate bancario pagado por sus ciudadanos” o el delicado vínculo con la corrupción política y que a ningún inversor extranjero o ciudadano de otro país, mínimamente informado sobre estas tierras se le escapa.
 
La lista de despropósitos en nuestra imagen exterior asociada a nuestra banca e instituciones democráticas es ya casi interminable, así que junto a Grecia o Portugal nuestra “imagen” mediterránea sea tan densa y difícil de lavar como el buen aceite de Oliva.
 
Las zozobra en el mercado bursátil que causó fuertes caídas en Bolsa de los bancos también eran previsibles y a nadie se le escapaba que más de uno habrá obtenido sustanciosos beneficios al “adivinar” que se dictaría en las sucesivas reuniones, pero no vamos a seguir por este peligroso camino.
 
Así que al final todas estas variaciones en el sentido hasta las declaraciones del presidente del gobierno, no eran nada que no hayamos visto muchas veces -¿Verdad?
 
Por eso ya nadie se escandaliza al escucharlo por la radio o leerlo en las redes sociales, vivimos en una sociedad que ya no se escandaliza ante tan graves denuncias y la certeza de que no serán investigadas o enjuiciados los denunciantes de no existir pruebas. Porque en nuestra imagen exterior para un inversor o la visión pública exterior de nuestra calidad democrática y legal, tan peligroso es el primer hecho como el segundo.

Pero a veces que un vaso rebose, no quiere decir que no le podamos lanzar una piedra y romperlo, que nos sepamos un culebrón de memoria donde siempre ganan “los que tienen la sartén por el mango” y aun así lo veamos a diario, no quiere decir que al final no cambiemos de canal.
 
Las medidas del ejecutivo por tanto eran un buen golpe de efecto de cara a la sociedad, pero ¿Resuelven el problema? ¿Limpian la imagen institucional?
 
Como suponemos que todos conocen ya el guión-relato de memoria, es innecesario que nosotros lo repitamos como loros a la manera que podrán encontrarlo en mil lugares, nuestro cometido es otro, como ya es habitual nos hemos tomado unos días de reflexión para observar las respuestas de los diferentes actores y vamos a analizar este retorcido guión digno de las mejores telenovelas sudamericanas y entender que ha cambiado esta vez. (Si realmente ha cambiado algo)
 
Donde digo “digo”, digo diego… no digo “DIGO”
 
La brusca modificación de criterio de hacía tres semanas sobre la jurisprudencia vigente durante más de 20 años había sido argumentada como una de las principales razones por el sector partidario de volver a la antigua doctrina, sabedores del “terremoto” que habían provocado.
 
Bueno esto es un poco discutible si nos atenemos al derecho puro; en teoría el principio de independencia debería mantenerles inmunes respecto a quien perjudica sus decisiones y atender solo a la interpretación adecuada de la ley por el bien general, no sería de recibo mantener un error enquistado durante dos décadas para imponer un impuesto “injusto”, que a la práctica instauró un gobierno para financiar a las comunidades autónomas y donde los bancos en un principio solo actuaban como meros “recaudadores”.
 
Porque nos guste o no, la defensa de los bancos es sólida: ellos se limitaron a cumplir una ley recaudatoria por mucho que el acto de registro les beneficiara a ellos y resulta muy difícil argumentar o demostrar que las instituciones financieras de hace 20 años presionaron a un ejecutivo para “cargar” este impuesto al ciudadano.
 
Es algo sencillo de explicar: la burbuja del ladrillo generaba miles de millones y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados era un buen impuesto para financiar las arcas públicas, si de pronto todos quisiéramos coleccionar piedras del monte, de esas que no sirven para nada y ni protegen a un escorpión debajo de ellas, pero tuviéramos una dependencia obsesiva con el nuevo hábito, no duden que pronto tendríamos un nuevo impuesto por llevarnos una a casa, la economía pública funciona así en TODO el planeta.

Luis María Díez-Picazo Giménez, (Madrid, 1958), es magistrado del Tribunal Supremo de España desde 2008 y presidente de la Sala Tercera desde septiembre de 2015. Hijo de Luis Díez-Picazo, también magistrado del Supremo y uno de los referentes españoles en temas de derecho civil. UCLM.es
 
Así que intentar generar acusaciones políticas en ese sentido ahora resulta un absurdo completo, todos han tenido 20 años para recordar este cambio hipotecario al PSOE, que por cierto, hasta ahora resultaba una incómoda acusación y ahora debe respirar un poco más aliviado tras intentar resolver con todos sus ánimos este pequeño detalle y por lo que respecta al resto de acusadores, han dispuesto de 20 años para poner el grito en el cielo y no esperar a este decreto, así que la jugada parece desde el plano político redonda.
 
Pero volvamos al día de autos: El presidente de la sala, Luis Díez-Picazo, inclinó con su voto la balanza a favor de la tesis inicial, buscando terminar con tres semanas de caos jurídico a cuenta de a quién correspondía pagar el impuesto de actos jurídicos documentados y que tenia dividido por la mitad al pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo.
 
28 magistrados (algunos de ellos, recordemos, no es su especialidad, por mucho que hayan participado en la decisión) se reunieron durante 15 horas en cuatro sesiones de mañana y tarde durante dos días para decidir si mantenían el criterio fijado.
 
Sujeto pasivo, sujeto perjudicado
 
Casi todo el mundo piensa que esto comenzó el pasado 16 de octubre por una sentencia que estableció que el sujeto pasivo de este tributo (quien debe pagarlo) es el banco, en contra de la jurisprudencia consolidada durante más de dos décadas por el Tribunal Supremo, pero ni de cerca, todo comienza en el año 2011, cuando el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, municipio madrileño, gobernado por IU, Podemos y Equo, llevó a los tribunales el pago de este tributo.
 
De hecho, ahora y para empezar, el alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura, asegura que los servicios jurídicos municipales están ya estudiando los pasos a dar para continuar este litigio (los mismos servicios que han interpuesto desde 2011, con el anterior gobierno de IU, una serie de recursos contra las sucesivas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que determinaban que era la Empresa Municipal de la Vivienda ripense la obligada a pagar el impuesto – no olvidemos que eran viviendas de protección oficial y consideraban injusto el pago del registro por parte del usuario, al cual este no beneficiaba, únicamente al banco-.
 
Del Cura estudia ahora los siguientes pasos a seguir en una situación única en la historia del derecho español: El Supremo ha estudiado seis recursos idénticos, en tres, que son firmes, ha dado la razón a Rivas y en otros tres, no, así que el alcalde lo ha dejado muy claro, esto no acaba aquí para ellos:
 
"Primero, vamos a pedir al Tribunal Supremo una aclaración porque tenemos tres recursos que dicen una cosa y otros tres, que dicen otra", "Habrá que ver los votos particulares", "También podemos pedir la nulidad de la votación. Y lo haremos", también estudiaban a qué instancias superiores recurrir, planteando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional como paso previo antes de acudir a los tribunales europeos, (así que la decisión del gobierno actúa aquí también como barrera de contención temporal)
 
Este es un punto en común que unifica a muchas organizaciones, para la OCU el proceso tampoco acababa aquí y esperaba que, al igual que sucedió en el caso de las cláusulas suelo, el Tribunal de Justicia del Unión Europea (TJUE) rectificara esta “bochornosa sentencia” y lamentaba “que los ciudadanos tengan que esperar a que Europa imparta justicia ante el descrédito que esta sentencia supone para el Tribunal Supremo de España.”

Carlos Lesmes Serrano (Madrid, España, 10 de junio de 1958) Actual Presidente del Tribunal Supremo de España y del Consejo General del Poder Judicial. Junta Informa
 
Atendiendo a lo que se plantea y sentencias anteriores, como en el caso de las  clausulas suelo, la llegada futura de otra decisión diferente procedente de los jueces comunitarios supondría otro brutal cañonazo en la línea de flotación de la confianza en la justicia española y esta vez, que nadie se engañe, no sería tan fácil de digerir por la sociedad como en el caso de las clausulas suelo, aquí hablamos de enmendar la plana a unos tribunales que ya habían firmado tres sentencias firmes y afirmativas al respecto y ahora dañaría la imagen ante un sector de la población muy amplio tanto dentro como fuera de nuestras fronteras mostrando a los distintos actores como extremadamente sumisos ante las presiones del lobby bancario y de unos gobernantes temerosos del caos económico ante la hacienda que supondría la reclamación de las cantidades puestas en la balanza.
 
Una vez más el decreto ley era el giro de guión que parecía resolver este problema europeo a largo plazo.
 
A este respecto, por ejemplo la organización de consumidores, FACUA señalaba:
 
“Que la Sala de lo Contencioso-Administrativo se esté replanteando el giro jurisprudencial aprobado hace unas semanas sobre el impuesto de las hipotecas escandaliza pero no sorprende, denuncia FACUA. En este sentido, la asociación recuerda que en 2013, el Tribunal Supremo ya se posicionó en defensa de los intereses de la banca al dictaminar que podía quedarse con las decenas de miles de millones defraudados con la cláusula suelo pese a determinar que era abusiva. Fue el TJUE quien finalmente dictó una resolución que protegía a los consumidores y obligó al TS a modificar su doctrina.
 
El impuesto de las hipotecas ha representado 947 millones de euros anuales desde octubre de 2014 hasta julio de 2018. En ese periodo, el montante total ha sido de 3.631 millones de euros, asumidos por 1.564.424 contribuyentes, según pone de manifiesto el análisis realizado por el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las administraciones de Recaudación Tributaria de las comunidades autónomas y el Colegio de Registradores.
 
Ahora nos encontramos con que los bancos pagarán a partir de ahora el impuesto, por supuesto lo cargarán en algún lugar para seguir teniendo beneficios, no se podrá evitar y probablemente no le hará ninguna gracia a las personas que nunca han suscrito una hipoteca y pagarán “a escote”, pero ¿Hasta dónde alcanzará la retroactividad si llega a juicio de nuevo? , pues los usuarios que si han pasado “por caja” no deben estar muy contentos.
 
La mujer del Cesar no solo debe ser decente, sino parecerlo
 
El grave punto de inflexión en toda esta historia, al igual que en todas, frente a pasados años estriba en cómo los medios de comunicación ahora pueden comunicar sin cortafuegos posibles, los distintos puntos de vista sobre cualquier cuestión en milisegundos.
 
Cuando el Tribunal Supremo, que dio la razón al ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid cambiaba su decisión en apenas 24 horas y el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal, Luis Díez-Picazo, ordenaba una reunión del pleno para revisar el asunto ante lo que él mismo denominó impacto "social y económico" de la sentencia de sus compañeros, fue cuando realmente provocó un tsunami, "social y económico" que no sabremos cuándo ni cómo acabará.
 
Una cosa estaba clara, cuando en apenas unas horas en toda España (y el planeta) daba la impresión que se intenta cambiar el resultado de una sentencia firme: el daño a la confianza en la justicia y la clase política por parte de una gran parte de la población, se agrava a niveles realmente insostenibles.
 
Si bien el Gobierno en sus declaraciones dejaba claro que "respetaba" la labor e "independencia" del alto tribunal, el Ejecutivo no podía "dejar de lamentar" el proceso que había llevado en las tres últimas semanas el Tribunal Supremo realizando un cambio de criterio sorprendente: "El Tribunal Supremo tiene que hacer una reflexión y una autocrítica", declaraba Pedro Sánchez, al haber generado una situación de gran inestabilidad jurídica, de volatilidad en los mercados y de incertidumbre para los ciudadanos.
 
No importa cuál sea el nivel de conocimiento sobre la materia de quien lea o escuche la noticia, la polémica se difundía a toda velocidad como un rastro ardiente de pólvora, las redes sociales explotaban, los telediarios y tertulias se hacían eco, las organizaciones civiles se indignaban, y políticos varios protestaban mientras 45 millones de habitantes de España escuchaban un mantra repetitivo: “Los Bancos dominan la Justicia”, “Los jueces están controlados por las entidades financieras”, etc.
 
Son frases habituales, líneas sobradamente repetidas en mítines políticos y empleadas como arma de combate, pero el auténtico problema llega cuando todos los medios de comunicación, incluso sin pretenderlo trasmiten la misma idea propiciada por el propio comportamiento de los jueces, aunque esta pudiera ser incluso equivocada y simplista.
 
El decreto, desde un punto de vista psicológico ratifica voluntaria o involuntariamente esa creencia y radicaliza afinidades u odios entre partidarios y detractores al dejar a un lado los plazos de retroactividad, que insistimos, podría no haberse evaluado adecuadamente.

Sede del Tribunal Supremo de España en la Plaza de la Villa de París (Madrid).J.L. de Diego

Este es el gran problema y es realmente peligroso: hace mella en el inconsciente colectivo de una manera que hasta ahora tan solo se consideraba parte del discurso de una parte de la población (por muy mayoritaria que fuera). Ahora el problema es otro: los ciudadanos que componen el tejido económico y social ve con estupefacción como el poder legal es atacado sin piedad por un comportamiento aberrante que el mismo ha provocado dejando clara la inseguridad jurídica que subyace en todo esto y que pone en peligro nuestro equilibrio mismo económico y social mucho más allá del interés político inicial de algún partido.
 
Pero una afirmación semejante debe ser bien argumentada para no parecer tan interesada como las acusaciones mutuas entre banca, jueces, clase política y sociedad así que veamos las escenas del culebrón desde unos cuantos ángulos mediáticos:
 
Lo primero que todos los ciudadanos observaron con indignación o sorpresa fue la fractura entre los defensores de una y otra postura que se evidenció nada más empezar la deliberación y se confirmó con el resultado final: 15 votos a favor de revocar la nueva jurisprudencia y, por tanto, que sigan pagando los clientes, frente a 13 partidarios de mantenerla y que pague el banco el impuesto.  
 
Las redes sociales y los medios de comunicación se esforzaron en comunicar algo que sin ser conscientes destrozaba la confianza en la imparcialidad de la justicia: era el resultado más ajustado posible y reflejaba la oposición de buena parte de la sala a cambiar la jurisprudencia, pese a haber sido fijada por la sección experta en impuestos, ya que se tomaba entre magistrados cuya materia les alejaba de ser los más adecuados probablemente para decidir.
 
Al final daba la sensación de que miles de millones se mueven tan solo dependiendo de quién estuviera o no en una sala decidida “a dedo” sin atender a la pura lógica legal. Para empeorarlo, al pleno no asistieron por diversos motivos, tres de sus 31 miembros, lo que ha dejado la sensación incluso entre muchos magistrados de que el fallo, aunque fuera legítimo, era aún más controvertido si cabe, por la mínima mayoría.
 
La deliberación se transformó en las redes sociales en una especie de “curso acelerado sobre derecho para gente cabreada”, los argumentos del sector menos conservador, encabezados por los cinco magistrados que suscribieron el cambio de criterio de la sentencia del 16 de octubre, incidieron en algo muy razonable y de sentido común en derecho: el único interesado en que se inscriba un préstamo con escritura pública es el banco, porque solo con esa inscripción podía después ejecutar la hipoteca, en caso por ejemplo de falta de pago.
 
Al final, el decreto se centra en este punto y el resto de aspectos tan solo se evalúa tangencialmente (en unas horas la emergencia de la situación o el interés por una respuesta rápida ponía un complejo problema en manos de unas pocas mentes con pocas horas de deliberación por delante)
 
¿Enmendamos o hacemos como en las películas?
 
Diferentes medios informaron de que hasta el momento de la votación Díez-Picazo, se había mostrado partidario de mantener el nuevo criterio, pero cerrando la puerta a que tuviera efectos retroactivos. (A modo de maniobra equilibrada de contención de daños) y se suponía que esta opción iba a prosperar a través de una enmienda transaccional propuesta por la magistrada Pilar Teso para buscar un consenso entre las dos posturas.
 
El truco para evitar el terremoto económico consistía en tratar de ratificar que el impuesto debía pagarlo el banco pero solo a partir del momento de la sentencia, sin posible retroactividad, para evitar la previsible avalancha de recursos de clientes con hipotecas ya firmadas, la cual podía provocar un buen sangrado de capital y una autentica locura administrativa (en caso de retroactividad, las consecuencias eran directamente pasmosas para algunos, con volúmenes de dinero y afectados imposibles de procesar tanto para las administraciones como para la banca.
 
Hablamos de miles de millones en una “patata caliente” que previsiblemente la banca lanzaría al estado, con todo su poder actuando como la máquina perfectamente engrasada que es, sin contar además de la repercusión en las comisiones bancarias que se dispararían repercutiendo una vez más en todos los clientes como previsión inicial para compensar posibles pérdidas procedentes de este fiasco legal imprevisto.
 
La enmienda se votó, pero perdió por 17 a 11, incluso algunos miembros del pleno, pidieron abrir un debate sobre la retroactividad, pero Díez-Picazo, que al parecer había votado a favor de la enmienda fracasada lo rechazó, provocando al parecer, el enfado de algunos miembros del pleno y acelerando la votación sobre si mantener la nueva jurisprudencia o se volvía a la antigua.

En la última década la imagen de España ha quedado vinculada definitivamente a escenas como estas en el subconsciente colectivo tanto nacional como internacional, agravándose cada vez con cada polémica. Antonio Marín Segovia
 
Todo esto era discutido y transmitido en “tiempo real” por las redes sociales, con argumentos de todo tipo donde al final la objetividad se perdía y solo quedaba en el subconsciente de todos (tanto a favor como en contra) el mantra colectivo: muchos jueces no son imparciales.
 
Yo pido la reunión y yo inclino la balanza
 
No debemos olvidar que el momento más rocambolesco fue cuando en el segundo día los magistrados pararon para comer, en ese momento solo cinco de los 28 reunidos, quedaban por intervenir y revelar su voto.
 
Estos eran el presidente, Luis Díez-Picazo junto con los cuatro miembros más antiguos de la sala. En ese momento las votaciones estaban tan ajustadas que su decisión podía inclinar la balanza en cualquier sentido.
 
Pronto se difundió por las redes algo que disparó la indignación, incluso de muchos profesionales de la magistratura, cuando se supo que Díez-Picazo inclinó definitivamente la votación a favor de que el impuesto se cargara a quien firmaba el préstamo, dejando las cosas como al principio.
 
El había sido el último en votar y cuando llegó su turno el resultado era de 14 votos a favor de esta opción y 13 en contra, por lo que era totalmente consciente de lo decisivo que era su voto, así que el presidente de la sala que había tomado la excepcional y única decisión en la historia del derecho español de elevar al pleno la jurisprudencia recién establecida tan solo unas horas antes para someterla a revisión, votó volver a la antigua jurisprudencia y que el cliente pagara.
 
Parecía un guión de película, puro y duro, con “casualidades” que podrían ser presiones o conspiraciones y en cuestión de instantes las redes y los medios de comunicación así lo sugirieron por doquier.
 
Quizás hace 30 años una decisión semejante, en un mundo analógico hubiese tardado días o quizás semanas en levantar semejante tormenta (si es que la sangre llegaba al río) y mucho menos en ser conocida en medio planeta precedida por nuestra fama en asuntos de  corrupción, cuando se piensa en España fuera de nuestras fronteras (sí, nos precede, es tan conocida como los toros, el flamenco o el jamón ibérico y quien lo niegue no tiene la menor idea de comunicación e imagen exterior de España. Eso o nos está mintiendo). 

María del Pilar Teso Gamella, nacida en 1960, es magistrada del Tribunal Supremo desde 2008. Ingresó en la Carrera Judicial en 1985 y es magistrada especialista de lo contencioso-administrativo desde 1989. confilegal.com
 
Esa inmediatez que no cesaba, llevó a su vez al gobierno de Pedro Sánchez a actuar a toda velocidad, podría ser un buen golpe de efecto de cara a la opinión pública y frenar el previsible desastre de protestas que se avecinaba.
 
Así que una vez más, cualquier empresario o inversor, cualquier turista que tenga pensado acercarse a nuestra cálidas tierras ya tenía otra vez delante de su pantalla otro de los temas más recurrentes por los que somos conocidos y sus característicos giros de guión que no resuelven el problema de fondo, si no que lo remarcan y lo vuelven a presentar en escena.
 
¿A que somos únicos promocionando nuestra imagen exterior? Tanto si estábamos a favor o en contra de cargar este impuesto a los firmantes de la hipoteca el desastroso resultado para nuestra confianza democrática es exactamente el mismo.
 
¿No había una manera más terrible de promocionar la calidad de nuestra justicia en el exterior?
 
¿La preservación de la seguridad jurídica por encima del propio derecho?
 
Pues ya que nos hemos puesto con este punto tan delicado, continuemos por ahí, la preservación de la seguridad jurídica, punto esencial que parecer ser que buscaba proteger algunos magistrados partidarios de la opción que acabó imponiéndose, pero por desgracia ha sido terriblemente perjudicada.
 
Estos magistrados recalcaron durante su intervención que los recursos en disputa no enfrentaban a la banca y los consumidores, sino a la empresa municipal de la vivienda de Rivas-Vaciamadrid, contra la Comunidad autónoma y el Estado.
 
Estas eran realmente las dos administraciones "perjudicadas" por el nuevo criterio y no los bancos (nos guste o no podría ser la verdad desde un plano legal, por terrible y cruel que sea o suene, aunque hay que comprender el contexto: si se les obligaba a devolver el dinero del impuesto a las autonomías se les generaría un vacio en las arcas de miles de millones de euros, imposible de asumir y que acabaría repercutiendo en servicios básicos, porque al fin y al cabo los bancos no percibían ni un solo euro, esto era un impuesto puro y duro. Además en el futuro la banca simplemente repercutiría los nuevos gastos aplicando nuevas comisiones que pagaríamos entre todos.
 
Por supuesto todos los jueces no solo tenían claro que si se cargaba a los bancos, estos lo iban a repercutir en los clientes, si no que iban a subir los tipos de las hipotecas, por lo que en ningún caso los nuevos clientes iban a beneficiarse del cambio de jurisprudencia.
 
Aunque es una manera de verlo, sin embargo FACUA criticaba “de alarmistas y engañosos los mensajes de la banca para presionar al Tribunal Supremo” citando literalmente y advirtiendo de que la banca tiene capacidad sobrada para asumir una retroactividad total en el pago a los usuarios y las Haciendas autonómicas del impuesto de las hipotecas, cuyo montante histórico es muy inferior a los beneficios ilícitos que las entidades financieras han obtenido el fraude de la cláusula suelo.

Pedro del Cura Sánchez, nacido en 1974 en Madrid, miembro de Izquierda Unida y alcalde de Rivas-Vaciamadrid, inició junto al servicio jurídico municipal en 2011 las acciones contra el impuesto a las hipotecas
 
En este sentido, FACUA calificaba de alarmistas y engañosos los mensajes que estaban trasladando distintas voces del sector bancario como mecanismo de presión a los jueces del Tribunal Supremo en cuanto a su decisión sobre el giro jurisprudencial adoptado en la reciente sentencia de su Sala Tercera.
 
La asociación señalaba asimismo que la devolución del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) a millones de hipotecados provocaría efectos positivos en la economía española ya que contribuiría a la reactivación del consumo y a la mejora de la situación económica de las familias.
 
Recordaban que en los últimos años los beneficios de la banca española han experimentado un enorme crecimiento. Sólo en los nueve primeros meses de 2018, los ocho bancos cotizados habían ganado 13.478 millones de euros. El mensaje de que las entidades financieras no tienen capacidad para asumir de manera retroactiva el impuesto de las hipotecas es una falacia, advierte la asociación.
 
La OCU por su parte no se quedo atrás en lo que lamenta como bochornosa Sentencia del Supremo sobre el AJD
 
Las palabras de esta organización no han sido menos crudas: “Una decisión sin precedentes que va en contra de la jurisprudencia del propio Tribunal y que socava los cimientos de la justicia en España.”
 
La organización mostraba su perplejidad ante una sentencia que pone en entredicho la independencia del poder judicial que se ha visto “doblegada por los intereses económicos de la banca en perjuicio de los millones de familias hipotecadas”. Según la OCU “Hoy la banca gana y pierden los consumidores y toda la sociedad”.
 
Para ellos la sentencia afectaba a la credibilidad del máximo tribunal de este país y mermaba la confianza de la sociedad en “un tribunal al servicio de los poderosos y que ha actuado en contra de los derechos de los consumidores”.
 
OCU como, otras organizaciones pedía y sigue pidiendo de forma inmediata la dimisión del presidente de la Sala Tercera, Luis Miguel Díez Picazo, por la nefasta gestión de esta sentencia sin precedentes que en tiempo récord ha doblado el pulso de la verdadera justicia.
 
Todas ellas parecen palabras muy graves para un estado de derecho que asumimos como integrado con otras democracias consolidadas ¿No creen?
 
Muchos habían olvidado remarcar algo…
 
Durante todo el agrio debate tanto en las redes sociales, los ciudadanos en la calle o como en la propia sala del Supremo pocos nos han recordado un punto esencial de este desastre y que algunos magistrados recordaron a sus compañeros: los partidos políticos podían en el Congreso cambiar la ley cuando quisieran y eliminar o modificar el impuesto de las hipotecas. (Resulta duro aceptar que la medida impuesta por los socialistas hace 20 años ha llegado hasta hoy sin que casi nadie rechistara, pues era una importantísima fuente de ingresos y financiación pública, así que a pocos les apetecía abrir la Caja de Pandora y matar a la gallina de los huevos de oro.)
 
Pero con la inmediatez de las redes y la disparidad de criterios este incómodo recordatorio a alterado aún más los ánimos de algunos y hecho tambalear sus creencias  ¿Aplicar justicia a unos para perjudicar a casi todos? Por desgracia los bancos también han atemorizado a la población de forma innecesaria con este argumento, recordando indirectamente las consecuencias de cargar ellos con este impuesto, sea quien sea a estas alturas el beneficiado.
 
Así que al final la batalla campal de indignación estaba servida, todos contra todos y los bancos más malos que nunca ¿En qué ha beneficiado esto al futuro de nuestro País y a nuestras instituciones democráticas?
 
En este momento la respuesta es más que fácil: a nadie, absolutamente a nadie (a lo sumo a la financiación pública a costa de vender su imagen al diablo) pero hemos aprendido algo sobre un impuesto como recordaba la OCU: “El problema de fondo está en la aplicación de un impuesto socialmente injusto. El impuesto de Actos Jurídicos Documentados penaliza a todos aquellos que no tienen otra vía para adquirir la vivienda que recurrir a la hipoteca, por ello pide su eliminación, ya que, lo pague quien lo pague, acaba encareciendo el préstamo y es el cliente quien lo soporta en último extremo.”
 
¡Tachan, tachan! Decreto y resuelvo el problema
 
Y en estas que el ejecutivo vuelve al punto de origen y sale por los medios de comunicación avisando del nuevo decreto, pero claro el fantasma de como los bancos nos cargarían el mochuelo había de resolverse de alguna manera y en 24h ya había una solución:
 
El presidente del gobierno considera en un acto más digno de la ingenuidad infantil que otra cosa, si atendemos al funcionamiento de las finanzas, que los bancos no trasladarán el impuesto a sus comisiones y tipos de interés que aplican en las hipotecas, ya que hace la siguiente consideración:
 
"El mercado es competitivo, porque hay gran oferta (de crédito, se refiere), no solo española".
 
Esto quería decir que el Ejecutivo espera ingenuamente nuevamente que la competencia en el mercado garantice que las entidades asumirán en su margen de beneficios el pago del impuesto y no lo cobraran al cliente.
Pero esto a día de hoy es un discurso demasiado ingenuo para cualquier ciudadano así que ellos mismos avisaban de que podrían existir cláusulas abusivas si este impuesto se traslada al resto de productos financieros que ofrecen las entidades.
 
Otra vez la “bondad y los buenos deseos” afloraban apelando directamente a la "responsabilidad" del sistema bancario para no repercutir el cambio legal en los consumidores.
 
¡Barra Libre!
¡Es hora de las demandas!
 
Desafortunadamente el presidente no quiso pronunciarse sobre las posibles demandas que interpongan los clientes contra el Estado legislador, aunque era lo primero que saldría a relucir en todas las mentes, un fallo difícil de solucionar y que no se podía solucionar aparcándolo sin que se trasforme en un problema aún más grave, porque la falta de retroactividad en 20 años afecta a un volumen de población con capacidad de respuesta masiva.
 
La propia división de interpretaciones del Tribunal Supremo evidencia una mala técnica legislativa, lo que podría hacer que los clientes reclamaran la responsabilidad patrimonial del Estado, un problema secundario pero grave para el estado que puede alargarse y enquistarse durante años.
 
Por su puesto Pedro Sánchez no descartó que esto fuera a pasar (está claro que debieron discutirlo ampliamente antes de tomar una decisión) y se limitó a explicar que "no compete" al Gobierno opinar sobre las acciones a tomar por los ciudadanos hipotecados afectados por la ausencia de retroactividad.
 
Además admitió que los afectados están en su derecho de recurrir la sentencia del Supremo, incluso a instancias europeas si lo consideran necesario, así que esto era como reconocer que el Ejecutivo sabe perfectamente que el problema no termina y pese a reconocer la injusticia del anterior tributo insta a los afectados previos a este decreto a seguir peleando por su cuenta como un mal menor de la decisión (asumir 20 años de injusticia de golpe supondría un caos administrativo y económico de tamaño gigantesco y aquí solo parecía que se tratase de aplicar un cortafuegos).
 
El presidente remarcaba en todo momento durante la intervención que su Ejecutivo había actuado con "compromiso social y responsabilidad para garantizar la seguridad jurídica y salvaguardar la igualdad de todos los ciudadanos".
 
Ya veremos que opinan los ciudadanos que han pagado el impuesto hasta 2018 sobre esta igualdad frente a los que no lo pagarán o los ciudadanos que pagaremos a “escote” este impuesto a partir de ahora con las comisiones.
 
Sánchez indicaba que no se trataba de cambiar esta ley, que está ya en trámite de enmiendas en el Congreso, pero sí de actuar sobre la norma que regula directamente el impuesto de Actividades Jurídicas documentadas, así que quede claro: el Gobierno no busca eliminar este tributo, transferido a las comunidades autónomas, por el cual todas obtienen una vital fuente de liquidez en sus arcas, tan solo que lo paguen a partir de ahora los bancos, que es como decir que lo paguemos entre todos, a no ser que creamos que van a dejar de obtener beneficios a costa de pagar el tributo, eso carece de sentido en una economía de mercado.
 
Autoridad Independiente de Protección de los Clientes Financieros.
Entonces, ¿Quién los protegía hasta ahora?
 
El Gobierno sabedor de la lluvia de críticas que este razonamiento puede producir a usado uno de los recursos políticos más antiguos que existen en estos casos: creará una Autoridad Independiente de Protección de los Clientes Financieros para proteger a los consumidores, para controlar todas las cláusulas, comisiones e impuestos que pagan los clientes para evitar que se repitan situaciones de abuso hacia los consumidores y mejorar la capacidad de resolver conflictos que se dan en el sector.
 
Pero esto es como reconocer que ha sucedido en los últimos 20 años con el anterior impuesto o con las clausulas abusivas, entonces ¿Por qué no existían leyes que protegieran al ciudadano?
 
Sencillamente se emplazaba a las próximas semanas donde remitirán esta normativa a las Cortes para que sea aprobada por el poder legislativo y diluir las preguntas en esta autoridad, esperando que el núcleo de las protestas quede atrapado en esta red de contención.
 
¡No seamos ingenuos de nuevo! la sentencia del Tribunal Supremo: era el escenario más favorable para el gobierno (este o cualquier otro) ¿Por qué?
 
Puede resultar increíble pero si analizamos la situación, era la mejor de las posibilidades por un lado permitía un fantástico golpe de efecto mediático y por otro eliminaba de golpe el fantasma de articular los mecanismos de devolución del dinero a las comunidades autónomas, ya que si se dictaba a favor de los ciudadanos la financiación de los servicios públicos entraba en una profunda crisis ya que serían los Gobiernos regionales, quienes tienen transferidos el impuesto de actos jurídicos documentados, tendrían que ser los primeros en coger  “el toro por los cuernos” y devolver el dinero, sencillamente una “pesadilla autonómica” que nadie mencionaba en su verdadera magnitud y consecuencias.
 
Por “suerte” el resultado final fue ideal para el Gobierno, puesto que no tiene ya que poner mecanismos de devolución y encima podría atribuirse el papel de “indignado” ante la opinión pública y legislar en contra de los “malos”, o sea la banca, así que una declaración rápida y contundente con decreto de por medio, resultaba algo tentador y así actuó.
 
Solo hacía falta dejar claro que haría pagar a los bancos partir de ahora  y anunciar una “autoridad independiente” para tapar los flecos, la jugada parece institucionalmente perfecta.
 
Pero a estas alturas, contando que hablamos de 20 años de ciudadanos contratando hipotecas con un impuesto que resulta abusivo, si se organizan adecuadamente el resultado es imprevisible, además de resultar una maniobra lógica en el plano político pero que no zanja el problema principal de la inseguridad jurídica en España en manos de un experto, es decir un inversor o cualquier persona cuyas decisiones respecto a España dependan de observar su camino democrático.

Las inversiones o “ataques de todo tipo” que recibe un país dependen de la visión que este ofrece en muchos campos, sobre todo el legal, así que puede resultar más tentador la inversión en aspectos donde resulte fácil alterar las leyes en beneficio del inversor frente al interés de la sociedad, que recibir capital o equipo humano procedente de quien confía en un estado democrático.
 
Así que entramos en un continuo ciclo donde el exterior nos incita a que se perpetúen estos melodramas que permiten el acceso a inversiones y actores confiados en poder interferir en nuestras leyes a su favor, negocios que normalmente son dañinos para el tejido social y productivo. Por otro lado las personas y empresas que ofrecen un verdadero valor añadido a una nación escapan despavoridas de lugares donde saben que carecerán de la seguridad jurídica que exige una inversión honesta a largo plazo en materias tan esenciales como por ejemplo ha sido uno de los desastres más sonados en  los últimos años: “el impuesto al sol” que ha dejado nuestra industria energética en el sector, inicialmente boyante y estratégicamente situadada en una zona privilegiada, completamente destrozada y a la cola de los países más avanzados por culpa de esta zozobra legal.
 
Por supuesto, todos estos análisis nunca se tienen en cuenta en los medios de comunicación ni las redes sociales cuando discutimos estos temas, porque una vez más no es algo que interese a nadie, pese a la importancia para el sector económico e industrial español. Porque al fin y al cabo, para poder inyectar dinero a los servicios públicos y mejorar nuestro estado del bienestar hace falta riqueza a la que imponer impuestos, pero esta, que depende de las inversiones, escapa aterrorizada con todos estos “culebrones”.
 
Movilización ciudadana
 
Pero como todo puede tener un lado positivo, hemos cuestionado la consideración social de un impuesto y analizado la respuesta popular, nos hace reflexionar y abrir el debate sobre la financiación pública y las leyes que la rigen, la compleja relación entre poder legislativo/judicial y banca o la capacidad de las organizaciones sociales y de la propia sociedad “conectada” al instante para analizar y “supervisar” cualquier decisión que se toma, así que como ejemplo solo hay que repasar la reacción de las organizaciones en defensa de los consumidores:
 
Las movilizaciones ya están en la calle, para empezar FACUA-Consumidores en Acción ha convocado concentraciones a las puertas de los juzgados en toda España este mismo sábado a las 18.00 horas ante la que consideran citando textualmente “aberrante decisión del Tribunal Supremo de rectificar su giro jurisprudencial sobre el impuesto de las hipotecas tras las presiones de la banca”.
 
La asociación hace un llamamiento a las organizaciones de la sociedad civil y a las formaciones políticas para movilizar a los consumidores este sábado en defensa de la independencia del Poder Judicial. FACUA reclama la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el de su Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo, llama al Gobierno y al conjunto de fuerzas políticas con representación en el Congreso a que modifiquen la legislación hipotecaria y tributaria para garantizar que sean los bancos los que paguen íntegramente el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD).
 
En el caso de Madrid, FACUA se suma a la concentración a La PAH, Podemos, Izquierda Unida y el resto de organizaciones ciudadanas y formaciones políticas que han convocado ya una concentración este sábado a las 18.00 horas a las puertas del Supremo.
 
Si alguien piensa que el culebrón se ha terminado, pues lo dicho, como ya dijimos mucho antes que el resto y así quedará en las hemerotecas: tranquilos que esto va a dar para una de las historias más agrias y complejas de la historia social y judicial española, atentos pues al próximo capítulo.
 
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Autor: Fátima Salazar C

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